“El diablo se esconde en los detalles”, reaccionó un sector del campo a la publicación en el Boletín Oficial del decreto 38/2025, que baja hasta junio las retenciones en los principales cultivos y elimina el gravamen para las economías regionales.
Pero la normativa agrega una condición clave para acceder al beneficio y es la que más dudas despierta en el sector: se trata de la exigencia de liquidar el 95% de las divisas de la mercadería a exportar dentro de los 15 días hábiles de realizada la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). Hasta la entrada en vigencia de la decisión anunciada el jueves pasado, la liquidación del 100% debía hacerse a los 30 días.
En caso de no cumplir con esa disposición, las cerealeras o empresas que vendan fuera del país deberán tributar la alícuota anterior a la medida reduce los derechos de exportación a la soja (poroto) de 33 a 26% y en el caso de sus derivados, de 31 a 24,5%. En el caso del trigo, el gravamen pasará de 12 a 9,5%. También habrá rebajas en la cebada (12 a 9,5%), maíz (12 a 9,5%), girasol (7 a 5,5%) y sorgo (12 a 9,5%).
En cuanto a las economías regionales, las alícuotas serán llevadas a cero de manera permanente en productos como azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, foresto industria y arroz, entre otras que el año pasado sumaron más de 1.100 millones de dólares en exportaciones.
“Con el objetivo de colaborar con la situación del campo en este contexto de sequía, el Gobierno Nacional decidió bajar las retenciones de manera temporaria en un 20% hasta el mes de junio, inclusive”, informó un comunicado de la Secretaría de Comercio tras la publicación del decreto que lleva las firmas del presidente, Javier Milei; del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y del ministro de Economía, Luis Caputo.
Se destacó además que “uno de los objetivos de la gestión es potenciar la inserción internacional de la Argentina, acompañada de un incremento de las exportaciones agroindustriales que hoy representan más del 60% del total exportado por el país y que en el año 2024 han mostrado una performance positiva con un crecimiento en valor superior al 25% respecto del año anterior”.
Según se agregó, “la medida refleja la decisión del Gobierno de reducir el peso del Estado para los sectores productivos, en el marco de la política de superávit fiscal” y abunda en guiños para el sector.
La normativa reconoce, por ejemplo, que “el país se encuentra transitando efectos climáticos adversos, afectando el rendimiento de los cultivos agrícolas, que causan pérdidas en la producción agropecuaria” y que a esta adversidad se suma la baja de los precios internacionales, que “requiere de la instrumentación de políticas que permitan no solo su recuperación a corto plazo sino la mejora de su perspectiva de exportación”.
El decreto subraya a su vez que el sector agroindustrial “constituye una de las principales fuentes de generación de divisas, de desarrollo regional y de empleo, contribuyendo al fortalecimiento de las reservas internacionales del estado nacional”.
El Gobierno busca dar respuesta así a las demandas del campo, pero también a los gobernadores, sobre todo a los de la Región Centro (Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe) que la semana pasada salieron a pedir directamente una baja de las retenciones.
A la par, la Casa Rosada necesita acelerar el ingreso de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central, clave para extender el escenario de calma cambiaria y para alentar un acuerdo favorable con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, como se indicó, el corto plazo de liquidación de granos establecido para acceder a la quita de retenciones genera incertidumbre en el agro por los efectos que esto podría tener en el mercado.
Explican que al tener 15 días como máximo para el ingreso de divisas sin haber embarcado y cobrado la mercadería, se produce un “enorme esfuerzo financiero” por parte de los exportadores que puede tener un impacto en el precio de mercado.
Esto se debe a que “hay que buscar créditos en el exterior para traer los dólares sin que se haya concretado la exportación”, advierten.
“Hay cierta incertidumbre sobre si la rebaja llegará efectivamente a los productores agropecuarios. Depende de que los exportadores (que son quienes pagan ‘formalmente’ el impuesto) decidan cumplir esa condición para poder acceder y eso luego se traslade al precio que ofrecen a los productores (que son quienes pagan ‘realmente’ el impuesto) por sus granos”, advirtió en declaraciones a la prensa Tomás Allan, investigador platense de recursos naturales, como la minería, la agricultura y la pesca.
Por su parte, David Miazzo, economista especializado en el área agrícola, ganadero y agroindustrial explicó que “el exportador tiene la obligación de liquidar cuando declara que va a exportar pero recibe el cobro por la mercadería vendida al exterior cuando se realiza el embarque. Puede ser dentro de 8 meses, por ejemplo. Por ello, es necesario asumir el costo financiero, además de los operativos”.
Los dirigentes de la Mesa de Enlace, si bien celebraron la medida, reclamaron que la misma no sea transitoria: “Este impuesto ha sido históricamente un freno para el desarrollo del sector productivo. No es sostenible pedirle al productor que pague impuestos cuando ni siquiera logra cubrir los costos de producción”, advirtieron los presidentes de CRA, Coninagro, Federación Agraria y la Sociedad Rural.
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